El pasado 7 de abril la Política Agraria Común, la PAC, recibió un buen estirón de orejas. El Tribunal de Cuentas Europeo (uno de los organismos más temidos en Bruselas cuyo objetivo es velar por la correcta aplicación de los fondos europeos) emitió un comunicado en el afirmaba que «no hay datos que demuestren si el apoyo a la renta de los agricultores en virtud de la PAC contribuye de manera eficaz y eficiente a sus objetivos».
Ahí queda eso. Con la de tiempo, esfuerzo y dinero que ha invertido la Comisión de Agricultura en justificar las ayudas de la PAC ¡y ahora le vienen con estas!
En honor a la verdad, lo que este informe cuestiona es algo que el propio Tribunal de Cuentas ya criticó en 2002: que los instrumentos estadísticos de la Comisión de Agricultura no proporcionan información suficientemente exhaustiva sobre la renta disponibles de los hogares agrícolas y no permiten evaluar el nivel de vida de la población agrícola. En 2007 se intentó ofrecer datos a través de las «Cuentas Económicas de la Agricultura» (CEA) y de la Red de Información Contable Agrícola (RICA), pero el Tribunal de Cuentas consideró y sigue considerando que esos datos son poco precisos.
Aunque directamente no se pone en duda la idoneidad de los pagos directos de la PAC, sí que se dice que, hasta la fecha, es imposible medir si dichas ayudas (que para el período 2014-2020 suponen un tercio del presupuesto de la Unión Europea), garantizan un nivel de vida equitativo a la población agrícola, en especial, mediante el aumento de la renta individual de los que trabajan en la agricultura. Asimismo, también se señala que no existe un sistema fiable que permita comparar los ingresos agrícolas con los de otros sectores de la economía, lo que podría justificar la ayuda de la UE a la renta de los agricultores
Duras afirmaciones
En el informe más extenso -titulado «¿Está bien concebido y basado en datos fiables el sistema de medición de resultados aplicado por la Comisión a la renta de los agricultores?»– las perlas que el Tribunal de Cuentas dedica a la Comisión de Agricultura y a los estados miembro son variadas. «La Comisión y los Estados miembros no siempre velaron por que los datos disponibles sobre los ingresos de los agricultores fuesen de una calidad adecuada» o «La Comisión sigue careciendo de información sobre la renta de los agricultores de la UE» son algunas de ellas.
Sin embargo, hay que llegar al final de dicho documento para darse cuenta de que estas críticas han hecho poca mella en las carnes de la Comisión de Agricultura. Ésta responde, punto por punto, a las cuestiones planteadas por el Tribunal de Cuentas y aunque acepta sus recomendaciones, también marca su terreno.
Así, argumenta que «Los costes de la recopilación de datos sobre la renta de los hogares agrícolas pueden superar los beneficios» por los gastos y la carga administrativa que supondrían, añade que «La renta disponible de los hogares agrícolas es un concepto mucho más amplio que la renta agrícola», y ya en las primeras líneas deja claro que «los pagos directos no son el único instrumento de la PAC que tiene un impacto en la renta, puesto que contribuyen a la producción conjunta de bienes públicos y privados».
En fin, lo que es evidente es que el Tribunal de Cuentas no ve a la PAC con buenos ojos. Y aunque la Comisión de Agricultura la defiende a capa y espada e intenta explicar que el incremento económico de la renta agraria no mide exclusivamente la producción de alimentos o la gestión del territorio, no se puede evitar que este informe sea una gota más en el vaso de quienes cuestionan la eficacia de las ayudas directas de la PAC.
Con amigos así, ni la PAC ni la Comisión Europea necesita enemigos.
Lo único que consuela es que la agraria no es la única política cuestionada por el Tribunal de Cuentas. Entonces, aún nos podemos escudar en ese dicho de «mal de muchos,…».